Ricardo Soberón ha sido dos veces director de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Perú. En ambas ocasiones intentó frenar la erradicación forzada de coca en un país productor de cocaína. Después de dejar el cargo una vez más, explica por qué las políticas de drogas peruanas están «secuestradas por la ignorancia».
Por Esteban Bigotes
Fotografías de Francesca Brivio
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Perú es el segundo productor de hoja de coca y cocaína del mundo. Ahí, hay más de 500 pistas de aterrizaje clandestinas activas para alimentar a gran parte de las casi 29 millones de personas que usan cocaína en el mundo. Y ahí, el abogado peruano Ricardo Soberón ha ocupado dos veces la dirección de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), la entidad que gestiona, calcula, alrededor de 5 millones de dólares que la embajada norteamericana asigna anualmente para erradicar las plantaciones de coca y cerca de 270 millones de dólares destinados a los programas presupuestales de control de oferta, desarrollo alternativo y tratamiento y prevención del consumo. Pero, contrario a ello, Soberón, cada vez que ha podido, ha criticado esa estrategia basada en la erradicación sin diálogo ni consenso no de la cocaína, sino de las plantas de coca.
Cuando impulsó el diálogo directo con quienes dirigen el principal centro de cultivo de coca de la selva peruana -conocido como el VRAEM- sobre una reducción sostenible de las áreas destinadas a esta planta, lo tildaron de ‘pro cocalero’ y lo acusaron de beneficiar al narcotráfico. “La política de drogas es errática, inconsistente, absolutamente dependiente y secuestrada por la ignorancia y la convergencia de intereses mediáticos, políticos y económicos, nacionales e internacionales”, escribió en 2011, cuatro meses después de haber sido destituido del cargo. Pero, diez años después, Soberón aceptó iniciar una segunda gestión en DEVIDA.
Si lo que le costó el puesto en su primera gestión fue interceder para detener las erradicaciones forzadas sin consultar a la embajada norteamericana, en su segunda ocasión tampoco esperó que EE.UU. avalara su principal propuesta: el Pacto Social Ciudadano, un programa de erradicación voluntaria para acabar con el actual modelo que se basa en arrancar e incautar los cultivos y arrestar a las personas. Proponía, por el contrario, la participación activa y voluntaria de quienes se dedican a la coca y su compromiso con los programas del Estado. Un plan similar al Programa de Control social de la Coca, llevado a cabo en Bolivia, que tuvo un efecto mínimo para controlar la oferta total de drogas ilícitas, pero que redujo el número de muertes y lesiones de los productores de coca.
Lo intentó. Soberón consiguió 4 millones de euros de la Unión Europea para impulsar un piloto de esa idea. Pero nunca encontró apoyo político. Cuando propuso reducir el presupuesto destinado a las erradicaciones para aumentar el del desarrollo alternativo, su superior jerárquico, dice, no lo recibió ni una vez en su despacho para discutirlo. Y Pedro Castillo, el Presidente de la República entonces, que era un ex profesor rural y dirigente sindical cercano a los sectores agrícolas y cocaleros, tampoco se interesó personalmente en cambiar nada de la lucha contra el narcotráfico.
En Perú, más del 90% de recursos para el control de la oferta de coca se van a la erradicación, sin embargo, la producción de esta no se detiene y tiende a extenderse en la Amazonía. Solo entre el 2020 y el 2021, Perú pasó de tener 61 mil a 81 mil hectáreas de coca en 14 cuencas amazónicas. Así las cosas, de las más de 600 y 800 toneladas de cocaína que aproximadamente se producen al año, la policía decomisa un promedio de tan solo 60 toneladas, alrededor del 5% del total. La estrategia y la inversión es un fracaso.
Aún así, varios gobiernos peruanos han celebrado el cumplimiento de las metas de erradicación anuales fijadas por EE.UU. o se han jactado de erradicar más que ningún otro gobierno. Esas cifras de erradicación alcanzadas por la policía, además, son reproducidas en los medios de comunicación no sólo sin considerar que esos números demuestran que el negocio de la cocaína sigue creciendo, sino también invisibilizando la vida de policías antidrogas y campesinas y campesinos que han muerto o terminado heridos en enfrentamientos producto de los operativos de erradicación forzada.
Soberón, por el contrario, se jacta de haber logrado reducir la meta anual de erradicación de 25 a 18 mil hectáreas y focalizarla en áreas naturales protegidas, territorio indígena y bosques de protección para evitar la resiembra y la deforestación de la Amazonía. Colombia -primer productor global de coca y cocaína-, por ejemplo, también apunta a reducir el rol de la erradicación en la lucha contra las drogas. Pero, para sus detractores, el Pacto Social Ciudadano que propuso Soberón significa descuidar la erradicación en el VRAEM, enfocarse solo en la Empresa Nacional de Coca (Enaco) -que representan menos del 3% de la producción nacional- y, por lo tanto, beneficiar al narcotráfico.
En diciembre de 2022, Soberon fue destituido de DEVIDA, acusado una vez más de favorecer a cocaleros ilegales y de apoyar las marchas cocaleras en contra del nuevo gobierno peruano. En su reemplazo asumió un policía en retiro que, al momento de asumir, declaró “la lucha frontal contra el narcotráfico”.
“Veo un temor reverencial en este país para abordar el problema de la coca”, dice Soberón, camisa azulada, jeans oscuros, mocasines negros, reloj dorado en su mano izquierda, brazalete dorado en la derecha.
Nadie que lo conozca realmente podría considerarlo un político antidrogas. “Durante mi juventud tuve la oportunidad de conocerlas todas, de saber de ellas, de aprender de ellas. De entender que uno tiene que tener coherencia, responsabilidad”, dice en la sala de su departamento de Miraflores, un espacio delicadamente decorado con plantas de mesa y otras en grandes maceteros . “Los estados alterados de la mente tienen que ser manejados de una manera tal que no lo distraigan y te permitan llegar a niveles que la vida misma no te da”.
De sus 59 años de edad, 30 los ha dedicado a debatir, dialogar, dirigir, viajar, promover, coordinar, los avances en las políticas de drogas en Latinoamérica. En esta época de la historia en la que se ha promovido el prohibicionismo de las drogas y, con ello, la disociación de derechos fundamentales, en 2009 Soberón creó el Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos, la única organización -de las decenas en las que ha participado- en la que reconoce haber aprendido sobre drogas.
Más allá del desafío que implicaba asumir una nueva responsabilidad, ¿qué lo llevó a aceptar una vez más el máximo cargo de DEVIDA, si fue justamente por sus propuestas que fue destituido del cargo en 2011?
Cuando se me presentó la oportunidad con un gobierno como el de Pedro Castillo, dije: “Este no es [Ollanta] Humala. Humala es un militar y, como militar, es muy pragmático: decidió apapacharse con los sectores conservadores para poder garantizar su gobernabilidad. Pensé que Pedro Castillo podría haber sido capaz de poner sobre el tapete cosas que realmente son importantes para resolver en el país. Pero no ocurrió. Me reuní tres veces con él. La primera, al inicio del gobierno. Me recibió diez minutos en su despacho. Me enseñó el rostro de él hecho con hojas de coca que le había regalado Evo [Morales]. Yo le dije: “Presidente, necesito hablar con usted de temas estratégicos”. “Ya, en otro momento lo vemos”, me dijo. Le insistí frecuentemente para reunirnos. En otra oportunidad, viajamos en helicóptero a Mazamari [Junín, provincia de Satipo], quise hablar con él, pero él estaba ido, miraba el cielo desde el helicóptero, y yo le decía: “Presidente, presidente…”. Nada. Si el presidente Castillo hubiera tenido apoyo político, estoy seguro que hubiéramos logrado más cosas. Pero el presidente Castillo… [silencio]. A mi me quisieron poner a uno de sus sobrinos, al abogadito. Me llamaron y me dijeron que el mismo presidente quería que estuviera en la institución. Esa noche yo no dormí. Al día siguiente, me armé de valor y llamé por teléfono al que me llamó y le dije: ‘mira, tu mueble es muy grande para mi apartamento, no entra por la puerta; si quieres, tráeme otro mueble y estoy seguro que lo hacemos entrar, pero ese mueble no entra en mi apartamento’, colgué. Yo pensé: mi último día acá. No me volvieron a molestar, pero tampoco me hicieron mucho caso cuando pedí cita con el Presidente.
¿Cómo se fue desligando del Gobierno de Pedro Castillo?
Según mi esquema de trabajo de DEVIDA, en noviembre de 2022 tenía previsto un viaje a Washington, para poder presentar mi propuesta sobre el Pacto Social Ciudadano, la política de drogas, y pedirle a EE.UU. que no me redujera un programa de apoyo institucional a DEVIDA porque sería absolutamente inconsecuente y contradictorio. Cuando pido la autorización, el premier Anibal Torres me convoca y me dice: “¿por qué tanto viajecito ah? ¿Usted va a enfrentar y derrotar el narcotráfico? No, señor, usted no se va de viaje”. “Ah, bueno, entonces me voy”, le dije, cerré mi carpeta y regresé a mi casa para renunciar. A mitad de camino de la Vía Expresa, sale mi resolución de autorización. Eso es para darte a entender el nivel de supina ignorancia, absoluta estupidez, por parte del presidente [Pedro] Castillo y de su premier, Anibal Torres. Finalmente, viajé a EE.UU., estuve con la oficina de la Casa Blanca sobre drogas, con el departamento de Estado, y ellos vieron, analizaron la situación, entendían la propuesta, y decían: vamos a estar atentos. Ese fue para mí el primer capítulo en donde se fue distanciando mi relación con el núcleo dentro del gobierno de Pedro Castillo.
Desde hace varios años el Perú arrastra una crisis política aguda. Los últimos meses son ejemplo de sus periodos más agudos. ¿De qué manera las crisis políticas como estas impactan en las políticas de drogas que en circunstancias así no se les presta atención?
De una sola manera: son factores distractores de las cosas que están detrás de las drogas: pobreza rural, exclusión, relaciones internacionales injustas, asimétricas y desproporcionadas.
Ha dicho que muchos funcionarios se dan cuenta de las contradicciones del discurso sobre las drogas cuando dejan los cargos de poder. Y que, cuando ejercen su responsabilidad, no son capaces de poner en práctica las estrategias que quieren. ¿Le pasó lo mismo en DEVIDA?
El primer aprendizaje que tuve en esta segunda gestión fue: ¿quieres durar o no quieres durar? Si no quería durar, me iba a la yugular y el primero que me sacaba era el profesor [el ex presidente Pedro Castillo]. Si quería durar, tenía que pensar estratégicamente en el escenario macro político nacional. Con un gobierno débil, un congreso agresivo e incapaz de legislar en temas trascendentales para el país; con una población absolutamente mimetizada e interiorizada en sus agendas particulares y no pensando transversalmente en el país, ¿qué posibilidades reales de éxito tenía desde DEVIDA para convencer? A la mala, no. Tenía que hacerlo a las buenas, pero lentamente, con dosis puntuales. Paso a paso. De eso se trataba. Pasar de 4 a 13 meses en el cargo ya es algo.
DEVIDA es la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas. ¿Qué tan vigente puede ser una organización que desde su nombre evoca una idea que está demostrada que es ilusoria: un mundo sin drogas?
La gestión pública es muy lenta, entonces, uno tiene que entender qué puede hacer con el tiempo y qué no puede hacer. Si yo quería cambiar de nombre a DEVIDA tenía que reunir a nueve ministros y plantearle por qué quería cambiar el nombre. Imposible. A veces, yo bromeaba, si era DEVIDA o ‘Demuerte’.
Lo han criticado en numerosas oportunidades por tener vínculos con las organizaciones cocaleras. Incluso, cuando salió de DEVIDA en 2011, se le criticó que volvería a asesorarlas. ¿Cuáles son sus vínculos con estas organizaciones?
He asesorado a diversas organizaciones de la selva alta, cocaleros y no cocaleros, pero sin duda tengo una afinidad muy grande con aquellos que estuvieron y están comprometidos con el cultivo de la hoja de coca. El mayor símbolo de respeto hacia ellos y sus organizaciones consiste fundamentalmente en considerarlos ciudadanos y no delincuentes. Y cuando hablo de ciudadanos me refiero a que deben tener derechos y obligaciones. Ahora, también tengo con ellos muchas diferencias. Les pedí su apoyo para el Pacto Social Ciudadano y nunca me lo dieron, políticamente yo le pedí eso a la Federación Provincial de Campesinos del Vraem (Fepavraem). Pero ellos querían 30 mil soles por una hectárea de coca reducida. Yo les dije, primero, que no tenía esa plata; segundo, que no es ese el monto que cuesta montar una hectárea de coca, que está en el orden de los 7 a 10 mil soles; y, tercero, que así tuviera la plata tampoco se las daría, porque si algo no funciona es monetizar la actividad agraria, por su conversión.
AADA, CONTRADROGAS, CAN, ONU, OEA, DEA, UNASUR, CORAH, OFECOD. Son todas organizaciones en las que ha participado o incidido. ¿Qué cree haber aprendido sobre las drogas a través de todas estas organizaciones?
La mayoría son organismos públicos del Estado peruano, formas institucionales absolutamente hechas a semejanza de lo que planteó el promotor de la lucha contra el narcotráfico desde Washington para América Latina. Solo compraron el disquete y lo asumieron de una manera totalmente hecha a partir de las convenciones internacionales.
En Perú, los planes nacionales contra el cultivo de coca comenzaron en la década de 1980 y permanecen hasta hoy. ¿Qué consecuencias directas podría traer la detención de las erradicaciones?
Se molestan los americanos y -la verdad- eso me va y me viene, pero tengo que decirlo: la subordinación del Perú al departamento de Estado es algo nunca antes visto. Dependen completamente de los americanos, y los americanos se sienten americanos en el Perú.
Desde el 2002, las hectáreas erradicadas en el VRAEM no son ni el 1% de la extensión cultivada. Pero, durante su gestión, propuso la auto erradicación para disminuir los cultivos de coca. ¿No es la erradicación persé, en cualquiera de sus formas, ya una política ineficaz?
Yo insisto en que la única manera de lograr una reducción sostenible de cultivos de coca en el Perú es a partir de un acuerdo voluntario, con razonamiento y con conocimiento del productor, no por la fuerza. Lo primero que tenía que lograr era convencer de que no es la erradicación forzosa la manera de hacer las cosas, sino que sea por acuerdo entre ambas partes, es decir, una erradicación concertada. Y plantee eso. Y firmé un pacto con la cooperativa cacaotera de mujeres Sumaq Sunqu. Me entregaron seis hectáreas de coca [reducidas voluntariamente] y para mí fue muy simbólico, porque yo no había soltado ni un sol. Ellas entendieron el mensaje. Luego vino el golpe de Estado de Pedro Castillo y tuve que salir.
Ha criticado las mediciones de los cultivos de coca de la Casa Blanca por su inexactitud. ¿Qué nos dicen realmente las cifras de erradicación de cultivos? ¿Son un índice confiable?
No, de ningún modo. EE.UU. tiene su sistema estándar para todo el mundo, pero no da cuenta de la metodología que usan ni da cuenta de sus bases de datos. Y hay países, como el Perú, que han decidido soberanamente tomar sus propios medios, maneras y formas. Pero las cifras de erradicación son solo una meta establecida en enero de cada año por el gobierno norteamericano. Ahora, EE.UU. anunció el incremento de 8 millones de dólares para la erradicación este año y eso es un terrible error, porque la erradicación sin desarrollo rural es un motor de deforestación y promueve un círculo vicioso ‘cultivo erradicado, cultivo sembrado’. Es decir, el campesino-empobrecido-inmigrante que rocía los bosques, siembra coca, y cuando viene la erradicación se va a otro lado y sigue repitiendo el mismo ciclo: el efecto globo. Eso es lo que está pasando.
¿Es posible llevar la erradicación de coca hacia una estrategia distinta?
La erradicación es una política de Estado. Yo quería reformular el control de oferta. El control de oferta no es erradicación: tienes a la Marina en capitanía, tienes a la fuerza aérea en el monitoreo aéreo; tienes a la unidad de investigación financiera, tienes aduanas, tienes a Sunat [organismo tributario peruano] para insumos químicos, tienes a varias organizaciones, pero mi presupuesto no tenía plata para eso.
Usted ha dicho que “el narcotráfico puede ser el factor que haga desaparecer a los pueblos indígenas de la Amazonía sudamericana”. ¿Por qué?
Hay una íntima relación entre la demanda internacional de cocaína −particularmente en Europa Occidental y en EE.UU.− y la destrucción de la Amazonía. El impacto de esta destrucción repercute en la destrucción de los pueblos indígenas amazónicos. Es necesario poner este problema en la agenda política regional e internacional. Debemos entender que el narcotráfico es la economía voraz por excelencia. No hay otra economía en el mundo que tenga esa capacidad de romper estructuras sociales y culturales como las que tiene el narcotráfico. Si implementas un modelo basado en el narcotráfico en un escenario ancestral como el que vive un pueblo indigena amazónico, es imposible enfrentarse en igualdad de fuerzas. No hay posibilidad de que puedan coexistir. Es la economía del narcotráfico la que -a través del matrimonio con alguna de las hijas del jefe de la comunidad, el alquiler de tierras para poder plantar coca, construir pistas de aterrizaje- ejerce la forma más vil de subordinación de un modelo económico sobre el otro. Debemos también anotar la profunda debilidad institucional, política y procesal del Estado peruano para sentar bases democráticas y soberanas en su Amazonía. Urge la imperiosa necesidad de que el más grande actor político del Perú, cualquiera sea su color político, aborde este tema al más alto nivel de política exterior, defensa, seguridad y salud y desarrollo.
¿Qué tuvo que pasar para que la producción de la hoja de coca en el VRAEM se traslade ahora a la Amazonía peruana?
En los dos años de pandemia hubo una crisis de la coca. Los precios de la pasta y el clorhidrato bajaron muchísimo. No daba ni siquiera para el costo de producción. Se comenzaron a abandonar los cultivos, cuestión que sigue dándose y no se ha recuperado. ¿Qué hicieron los vrainos? se fueron a Puno. Lo que mayormente vi fue un proceso lento pero inexorable de llegada de vraínos hacia Ucayali. Los indígenas veían cómo llegaban, de un momento a otro, colonos que se asentaban con armas de fuego, o certificados de posesión de extraños en territorio comunal. Y estos avalados por el gobierno regional y la dirección regional agraria de Ucayali, de Huánuco y de Pasco, en lugar de defender a las comunidades nativas. DEVIDA estuvo comprometida del 2014 al 2019 entregando certificados individuales bajo la idea de que entregando un certificado de posesión iba a arraigar a una persona en su territorio, que no iba a migrar. Entonces, sí soy consciente de ese nivel vil de agresión que están viviendo los pueblos indígenas por parte de los andinos. ¿Cómo nos vamos a amistar andinos y amazónicos? Ninguno de los dos se da cuenta de la necesidad de encontrarnos, sentarnos en la mesa y ver el horizonte del Perú. Creo que la hoja de coca puede ser el recurso que nos permita sentarnos juntos a la mesa. Eso necesitamos: una mesa con masato, con coca y con San Pedro que nos permita a estar todos juntos disfrutando y vislumbrando lo que queremos como país.
¿Cómo se está viendo afectada la Amazonía con la tala ilegal para la producción de cocaína?
Estamos observando la intensificación de la agresión extractiva legal e ilegal sobre la Amazonia y sus pueblos. En el Perú, habrá unas 80 mil hectáreas de coca, hay 450 mil hectáreas de café y otras 400 mil de cacao. Es decir, la responsable de la deforestación no recae solo en la hoja de coca, sino sobre todo en la agricultura de monocultivos. El gran dilema de la Amazonía es que no es posible un desarrollo sobre la base de lo que le demanda el comercio internacional de productos: la Amazonía ofrece diversidad, no volumen. Pero la coca tiene una particularidad: en momentos de ‘boom’ sus precios suben y es muy agresiva, especialmente por la forma en cómo el productor andino cultiva. Por ejemplo, en vez de tener su surco en línea vertical de la gradiente, la hacen transversal, y el daño de deforestación es mucho mayor. Además, es más fácil para un productor el uso de herbicidas químicos. Un cultivador me decía: “Yo tendría que contratar a tres personas por una semana para que me deshierven a toda esta cuadra. En cambio, me compro mi herbicida, lo mezclo y listo”. Es costo y beneficio, y hay que entender esa lógica.
Más de dos décadas de políticas de erradicación han sido un fracaso demostrable en los tres países andinos, generando pobreza y violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles diría que son la razones o intereses que existen en el Perú para que, pese a la evidencia, no hayan cambios significativos o de raíz en el trabajo que se hace?
Empecemos por la policía. El cuerpo policial está hecho para administrar la seguridad ciudadana conforme a sus intereses. Es un aparato que gana más mientras más detenidos tenga. Si no tuviera la guerra contra las drogas, no podría detener por drogas y tendría que intentar detener por algo que es más difícil: el hurto, el robo, que requieren flagrancia. En el caso de las drogas, pueden incluso sembrar o amedrentar. El otro es el caso de los diplomáticos. Este año yo mismo lo he vivido: en cada sitio que me iba afuera, Cancillería siempre me mandaba un ‘tigre’ que me acompañaba para ver que yo no me saliera de los ‘márgenes’ de lo ‘correctamente establecido’. Para un diplomático, el tema de las drogas es un factor de articulación y cooperación internacional. Si le quito eso, lo dejo con un factor menos de recursos, espacios, plataformas, actores, procesos, entonces, no les conviene quitar el sistema de control de drogas.
Ha dicho que el Perú no pareciera haber alcanzado los niveles de violencia vinculada al narcotráfico como se ha visto en México o Colombia. ¿Por qué? ¿Cuán arraigado está en el Perú el narcotráfico realmente?
Yo relativizo esa ausencia de violencia en el Perú. Hay varias regiones del país que atraviesan esas circunscripciones niveles álgidos de violencia, amenaza y agresión por parte del narcotráfico. Es el caso del Alto Amazonas, es el caso del territorio Awajún con la frontera El Cóndor; es el caso del Bahuaja Sonene en Puno, es el caso de Palca Sur, ciudad Constitución, puerto Bermudes. Son lugares puntuales que están en la primera línea de combate entre la agresión de cocaleros, narcotraficantes, migrantes andinos contra formas de vida comunitaria en los pueblos indígenas cacataibo, huitotos, awajún, asháninka, yáneshas.
También ha dicho que el Perú ya ha sido un narcoestado con Vladimiro Montesinos y que en la actualidad es “una catarata de influencias que se desparrama en distintos sectores del tejido institucional y social peruano (…) Es un chorreo de droga”. ¿Chorrea el dinero de la cocaína en el Perú?
Creo que la ‘catarata’ se mantiene, porque los niveles de penetración del narcotráfico trascienden la escala local y lo sectorial. Creo que hay chorreos y goteos. En el Perú, hay 577 pistas de aterrizaje. ¡Eso es enorme! No ha habido ese número nunca antes, y lo que más problemas da es el hecho de que tu inutilizas una pista y la población está dispuesta a recibir un pago importante durante un mes para dejarla expedita nuevamente. En el ámbito de los escolares de quinto año de media en el Vraem, por un viaje de ocho días hacia Puno, con un paquete de 30 kilos de pasta base, les pagan con una moto 0 kilómetros. Si coronan, se regresan con su moto nueva y ya pueden hacer mototaxi. ¡Ese capital de trabajo no se lo da nadie! Entonces, sí, chorrea. Si a eso le agregas que ahora no puedes ver al narcotráfico solo sino en relación al oro ilegal y a la madera ilegal, la cosa ya se complejiza mucho más. Lo que no te da la economía formal en el Perú profundo te lo da la economía del narcotráfico.
En Colombia, a diferencia del Perú, el narcotráfico ha sido un tema mucho más abordado y explorado… ¿Por qué?
La enorme diferencia con Colombia es su capacidad industrial para producir cocaína. En Perú, la producción de cocaína es menos intensa, de mayor calidad, por su puesto, pero menos intensa, y eso tiene una significancia particular en la forma de comportarse el circuito de la cocaína. No se necesitan los grandes carteles, se necesitan representaciones de carteles, de modo de asegurar el cultivo hasta la puesta en el puerto, es la tarea que se les deja a los peruanos. Una vez embarcado el cargamento, ya es propio de la organización criminal. Bajo ese aspecto no vas a necesitar la presencia de un capo. No es necesario.
Ha dicho que es necesario cambiar la mentalidad de jueces, fiscales, policías, militares, diplomáticos. ¿Cuál considera que es el principal problema que tienen estas autoridades al abordar el tema de las drogas?
La sordera. No saber escuchar al que piensa distinto. La formación castrense. La formación diplomática. La formación del derecho. Todas son igual de rígidas: no permiten la interculturalidad en su sentido más amplio ni permiten entender la historia de un país. Para un diplomático eso es grave: lleva museos del señor de Sipán al exterior, pero no son capaces de aprehender la importancia del San Pedro para las culturas norteñas de la costa peruana, y así, sucesivamente, uno puede encontrar tantos ejemplos en los que hay esta contradicción… Para un diplomático es muy complicado entender el mundo aymara, porque inmediatamente se le viene a la mente ‘secesión’ y la idea que el mundo aymara se va con Bolivia y todo el problema del siglo XIX. Entonces, mejor ni tocar esos temas, y al limeño tradicional le es imposible entender que el verde en la boca no es un símbolo de fealdad y que, en otras culturas, es parte de la comunión entre plantas y el ser humano.
También ha señalado que existen analistas encargados de fomentar la desinformación sobre distintos aspectos de las políticas de drogas en Perú. ¿Cuáles son los principales mitos y estigmas que se han fomentado en el Perú sobre las drogas?
El primero, por ejemplo, que el uso ancestral de la hoja de coca es un atavismo, un asunto del pasado, y que conforme las nuevas generaciones van creciendo van olvidándose de esta ‘verde manera’ de ver la vida. Pero las encuestas nacionales sobre uso de coca en los hogares 2013-2019 nos dicen que su uso ha aumentado de 3 a 5 y de 5 a 6 millones de usuarios. El segundo, que el 92% de la hoja de coca se va al narcotráfico y solo el 8% va al consumo legal. Pero cuando un segmento del mercado lo tienes controlado, maniatado, manipulado, monopolizado, frente a una industria como la del narcotráfico, asimétrica, totalmente voraz en su capacidad de crecimiento, es obvio que va a suceder así; en cambio, si generas condiciones ceteris paribus para la coca legal en el Perú, vas a tener un crecimiento importantísimo del consumo legal. El tercero, que todos los usos de drogas devienen en usos problemáticos, cuando, en realidad, en el universo del uso de sustancias hay matices, colores, diversidades, que casi podríamos hablar de experiencias individuales.
Hoy en día, ¿cuál diría que es su relación con las drogas?
Es de permanente acercamiento. Son las que me permiten leer mi país, son las que me permiten percibir qué cosas pueden ocurrir en el futuro. Soy analista, me interesa la política internacional y soy consciente de que las drogas, con esa etiqueta, nos pueden ayudar no solo a entender las dificultades que tiene el mundo hoy en día, sino las posibilidades de solución a los problemas. Sí, me ayudan mucho a percibir y a entender las cosas que se mueven alrededor mío.
Este contenido ha sido posible gracias a una alianza entre Soma y Talking Drugs, una de las pocas plataformas en línea dedicadas a brindar noticias y análisis únicos sobre políticas de drogas, reducción de daños y temas relacionados a las drogas en todo el mundo. En su web www.talkingdrugs.org se puede encontrar una versión resumida en español y en inglés de esta entervista. IG: @talking.drugs
Esteban Bigotes es fundador y director de Soma. Es periodista y comunicador social por la Universidad Central de Chile. Ha sido becario de la Open Society Foundations y del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE.
Francesca Brivio es coordinadora interna y de las acciones de reducción de riesgos, daños y gestión del placer de Soma. Es comunicadora, actriz y paciente activista por la despenalización de la cannabis y las drogas en general. Fundadora de Cannabis de Esperanza, Hope! y Co Fundadora del consultorio médico CannaHope y becaria del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. @clicksaudade es su cuenta fotográfica. IG y TW: Fran Brivio
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