¿La reforma de las políticas de drogas se trata solo de cambiar leyes? Paula Aguirre, directora de la organización Elementa DD.HH. en Colombia, explica cuáles son los potenciales y los límites del derecho y cuál es el papel de la región latinoamericana en el debate global de las drogas.
Por Raúl Lescano Méndez
Fotografías de Fran Brivio
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Dice que en algún momento de su vida universitaria se arrepintió de estar estudiando derecho. Que se sentía atrapada en una jaula debido a la perspectiva estricta y conservadora que le imponían las leyes. Pero hoy, Paula Aguirre es la directora, en Colombia, de Elementa DD.HH., un equipo multidisciplinario y feminista enfocado en “la creación de escenarios jurídicos viables” y la incidencia política para fortalecer los derechos humanos en procesos de verdad y reparación y, particularmente, en las políticas de drogas.
Fueron justamente los derechos humanos los que la mantuvieron en el mundo de las leyes. Pero quizá, sobre todo, en el mundo del cambio, transformación y corrección de las leyes. “Los derechos humanos permiten jugar con un mundo de reglas que no se ciñen solamente a lo nacional”, explica Aguirre. “En nuestros países solemos tener sistemas legislativos que pueden ser estrictos en ciertos temas, pero cuando empezamos a trabajar con instrumentos internacionales, de Derechos Humanos, aparecen vías, puertas, opciones y alternativas”.
Vías, puertas, opciones y alternativas. Eso es lo que Elementa DD.HH. busca construir para reemplazar las fracasadas políticas de drogas que, en Colombia, han tenido inmensas consecuencias. Según la Comisión de la Verdad, el paradigma de la guerra contra las drogas en ese país no solo ha sido incapaz de tener “resultados efectivos para desmontar el narcotráfico como sistema político y económico”, sino que, además, sumó “un número enorme de víctimas en el marco del conflicto armado interno” y “activó narrativas de criminalización sobre poblaciones y territorios que justificaron operaciones violentas”. Un diagnóstico que bien se podría aplicar a toda la región latinoamericana.
¿Qué aprendiste de nuevo del derecho cuando comenzaste a trabajar en políticas de drogas?
Que es una mierda. Es difícil. En políticas de drogas uno se da cuenta que el derecho es insuficiente. Necesitamos un montón de otras disciplinas. Yo he aprendido química, biología, sociología, antropología. Tenemos que alimentarnos de un montón de otras disciplinas que no siempre se hablan entre sí. Y toca aprender a que dialoguen para poder usarlas en la práctica.
¿Cómo entender la necesidad de las reformas de las políticas de drogas?
Nosotras partimos del reconocimiento de que la guerra contra las drogas ha impactado directamente en los derechos humanos de las personas. No es simplemente algo que no nos gusta. En nuestros países de poblaciones históricamente discriminadas, ha agravado circunstancias que ya de por sí son malas. La reforma de las políticas de drogas apunta a que podamos generar garantía de derechos y que, además, repare. Porque no simplemente se trata de cambiarlas y hacer borrón y cuenta nueva, si no que tenemos que hablar de una política de drogas que repare los daños que ha causado durante más de cincuenta años.
Elementa, señalan, se dedica a la creación de escenarios jurídicos viables. ¿Cuáles dirías que son en Latinoamérica esos escenarios jurídicos viables con mayor potencial para la reforma de la política de drogas?
La construcción de escenarios viables implica poder jugar con lo que hay, entender cómo está el escenario de un país o de una región política y, jurídicamente hablando, ver qué ofrece ese país para poderlo transformar. Evidentemente, Uruguay ha sido un ejemplo en la región. Pero Colombia tiene potencial para hacerlo. Tiene el conocimiento, las experiencias, el sufrimiento. Ha puesto muertos. Política y jurídicamente tiene un camino ya adelantado en términos de jurisprudencia. Tenemos sentencias espectaculares que nos allanan un camino prometedor.
Hace poco publicaron una radiografía sobre las políticas de drogas en Colombia durante el último gobierno de Iván Duque. ¿Cuáles son las conclusiones que servirían para otros países de América Latina?
Nos dimos cuenta que, en términos económicos, uno de los pilares de su política pública, que solo se enfoca a la reducción de cultivos, tuvo la destinación del 95% del presupuesto total de esa política pública. El mensaje para el resto de Latinoamérica es: ¡dejemos de gastar plata en estrategias que no funcionan y que no tiene impacto verdadero en transformar a las comunidades afectadas por la guerra contra las drogas! Son 4.2 billones de pesos, una cifra completamente ridícula gastada durante 4 años en, supuestamente, cumplir una meta de reducción de hectáreas de cultivos de hoja de coca que, en términos reales, no tiene ningún impacto. Año a año tuvimos un presidente que nos dijo “este año redujimos los cultivos, ya tenemos menos cultivos”. Pero ¿qué pasa? Durante 2018 y 2022, hubo un aumento de la producción de cocaína de 108 toneladas. Tenemos que cambiar las medidas y los indicadores con los que medimos el éxito de las políticas de drogas. No podemos seguir midiendo las políticas de drogas, particularmente de los países cultivadores, en hectáreas solo porque de eso depende la certificación gringa en lucha contra las drogas.
La evidencia sobre el fracaso de la guerra contra las drogas existe por montones. Las organizaciones que trabajan en torno a las reformas de las políticas de drogas han hecho de la evidencia su principal herramienta. Sin embargo, las cosas no cambian. ¿Cuál es el poder real de la evidencia?
Debería tener más poder del que tienen, porque existe hace años y se corrobora, corrobora y corrobora, pero sigue sin usarse. Pasa que el poder también recae sobre a quién le damos la evidencia para que la use. Nosotras, por ejemplo, tenemos un caso muy particular. Había una congresista que era del partido de gobierno, de derecha. Era un congresista joven que, si tú le dabas evidencia, podía cambiar perfectamente de posición. Y eso llevó a que sea uno de los mayores aliados en los debates por una reforma de las políticas de drogas. A mí no sirve de nada darle la evidencia a alguien que no le importa la evidencia. Hoy en día no podemos enviar simplemente un paper para que lo lean porque a la gente ya no le gusta leer, tenemos que pensar la forma rápida en la que la evidencia pueda entrar en la cabeza de las personas para que puedan usarla en acciones o políticas públicas.
El investigador Alejandro Madrazo ha señalado que una de las grandes victorias de la política prohibicionista es hacer válido que el artista fume mota para pintar un cuadro, pero no que un investigador académico diga que ha fumado mota para llegar a las conclusiones de algún estudio. ¿Cuál es el papel de los usuarios de drogas, en primera persona, en la reforma de las políticas de drogas?
Un papel fuestísimo. En términos de Julián Quintero, es salir del closet psicoactivo, salir de un tabú. Salir de ahí podría signficar dar un paso hacia la desestigmatización. Es saber que el abogado que trabaja para mi, consume X o Y sustancia y hace perfectamente su trabajo. Es una posibilidad de reconocer y dar un paso al entendimiento de que no hay un único tipo de consumo y que no solamente hay personas que se mueren porque consumen o que tienen un consumo problemático. Hay un montón de posibilidades que implican, en su gran mayoría además, la posibilidad de consumos responsables y completamente funcionales, que me dejan furmarme un porro y después irme a leer y escribir un paper. Es algo muy valioso porque puede ser un movimiento en masa con efecto dominó hacia la desestigmatización de las personas que consumen sustancias psicoactivas.
Elementa señala que, además de la sociedad civil, trabajan también con la empresa privada. ¿Qué papel podrían cumplir las empresas privadas en la reforma de las políticas de drogas?
Uno muy grande. Empezando por un papel en una regulación en la que verdaderamente incluyan a las personas que han sido afectadas por la prohibición. La regulación de usos medicinales de cannabis tiene un montón de empresas acá en Colombia, con un montón de capital extranjero, pero ahora lo que pedimos es que los empresarios incluyan al campesino o la campesina de la región a donde llegaron a hacer sus cultivos de marihuana. Además de eso, que las ventas incluyan impuestos para reparar a las personas afectadas por la guerra contra las drogas. Finalmente, tiene que haber un destinatario único: las personas de las comunidades afectadas por la guerra contra las drogas.
Hace poco, en sus informes, hablaban sobre el hito que había marcado la ley de dosis mínima en Colombia. Sin embargo, todas las estadísticas indican que en todos los años siguientes igual se ha dado la criminalización de los usuarios. ¿Es un hito legislativo cuando en la práctica ha permanecido la criminalización?
Sí. Es un hito, un cambio y un ejemplo. Cada vez que voy a hablar de drogas a otro país me preguntan sobre esa sentencia. Pero creo que no podemos dejarle el cambio solamente a los legisladores o tomadores de decisión. Tenemos que apropiarnos de los cambios y de nuestros derechos porque no podemos creer que solo porque existe la sentencia ya me la van a cumplir. Quisiéramos que fuera así, pero tenemos que conocer los derechos que tenemos para poder apropiarnos de ellos y hacerlos validar en la práctica. No estoy diciendo que ahora la responsabilidad es de la persona que consume, pero sí es un todo. Se trata de la posibilidad de apropiarnos de nuestros derechos para que no sean capaces de quitarmelos. Aún así, creemos que tienen que haber cambios gigantes también en las instituciones, particularmente en la policía que es la institución que se encuentra cara a cara con la persona que usa drogas.
¿Qué potencial tiene Latinoamérica para las políticas de drogas mundiales? ¿Qué puede ofrecer Latinoamérica al mundo en materia de política de drogas?
Mucha experiencia relacionada particularmente con el fenómeno sudamericano de tener altos números de cultivos y de cómo se nos ha visto y estigmatizado durante décadas por tener plantas. Nos han cerrado puertas y nos juzgan cuando vamos a otros países. Todavía sucede en los aeropuertos y en migración, por el solo hecho de ser colombianos. Nadie como los latinoamericanos pueden entender lo que significa ser estigmatizados por ser de una realidad atada a la existencia de plantas maravillosas con un potencial enorme. Ahí también creo que hay una oportunidad enorme y una enseñanza. Es decir, tenemos a Colombia, el país con más altos números de cultivos de hoja de coca y sabemos muy poco de la hoja de coca en términos de investigación.
Si tuvieras a los ministros del interior de Latinoamérica frente a ti, ¿qué les dirías?
Lo principal es dejar de copiar. Y por eso no me serviría que estuviera acá el minstro de México, Colombia y Perú. Necesito a cada quien por separado porque se necesita una regulación a la mexicana, a la colombiana y a la peruana. Las experiencias comparadas son super valisosas a la hora de sacar buenas prácticas, pero no me sirve de nada copiar la regulación de Portugal o de Estados Unidos o de Canadá. Necesitamos regulaciones de nuestros países que atiendan a las necesidades y realidades de nuestros paíes. Por eso no nos sirve seguir la línea que nos imponen y nos miden a partir de cómo creen en Estados Unidos que deberíamos medir la aplicación o métrica de políticas de drogas en Sudamérica.
¿Cuál es tu análisis sobre la posición respecto a las políticas de drogas que está promoviendo el presidente Gustavo Petro tanto a nivel nacional, regional e internacional?
La posición del presidente Petro demuestra no solo un reconocimiento de la necesidad de darle un giro a la política de drogas, sino que tiene una narrativa orientada desde la realidad del daño que la guerra contra las drogas ha causado en Colombia y los países latinoamericanos con efectos desproporcionados en ciertas poblaciones que históricamente han sido discriminadas y oprimidas. Ahora, es importante que a esta posición se empiecen a unir aliados latinoamericanos porque finalmente lo ideal sería tener una especie de «equipo» o de «bloque unido» en pro de la reforma y de, incluso, la revisión de los tratados internacionales.
¿Qué le falta entender a Latinoamérica de la reforma global de las políticas de drogas?
Nos falta responder a la realidad internacional. Latinoamérica no entiende que el paradigma está cambiando y no es justo que nos quedemos atrás. La comunidad que consume, que cultiva, la comunidad internacional, nos están gritando y no vale la pena que nos perdamos la chance de montarnos en este cambio que se está gestando internacionalmente.
¿Qué retos representan los resultados del índice global de politicas de drogas que indica que ningún país, por más arriba del ranking que esté, muestra índices positivos sobre políticas de drogas adecuadas?
Hay que tener claro que no es lo mismo medir las políticas de drogas en Colombia que en Noruega. Hay un problema cuando tratamos de medir a todos los países con las misma vara. Colombia tiene un problema con los cultivos de coca y Noruega, quizá, con temas de consumo, entonces no puedes tratar de medir esas realidades igual. Eso nos lleva a entender la necesidad de crear índices de medición para cada región y pensar en la necesidad de un medición a nivel particularmente latinoamericano.
Este contenido ha sido posible gracias a una alianza entre Soma y Talking Drugs, una de las pocas plataformas en línea dedicadas a brindar noticias y análisis únicos sobre políticas de drogas, reducción de daños y temas relacionados a las drogas en todo el mundo. En su web www.talkingdrugs.org se puede encontrar una versión resumida en español y en inglés de esta entervista. IG: @talking.drugs
Raúl Lescano Méndez es editor y cofundador de Soma. Fue becario de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (hoy Fundación Gabo) y del Diplomado en Políticas de Drogas, Salud y Derechos Humanos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es miembro del consejo directivo de Cannabis de Esperanza. También es editor de la editorial Sin humo.
Fran Brivio es coordinadora interna y de acciones de reducción de riesgos y daños de Soma. Es actriz, comunicadora y paciente activista por la despenalización de la cannabis y las drogas. Fundadora de Cannabis de Esperanza y Co Fundadora del consultorio médico CannaHope. Es miembro del IACM Patient Council, miembro honoraria de la SBEC (sociedad brasilera de estudios de cannabis), miembro de LANPUD (Red Latinoamericana y del Caribe de personas que usan drogas). @clicksaudade es su cuenta fotográfica. IG y TW: Fran Brivio
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