¿El Estado podría proveerte de cocaína?

Por primera vez, un país debatirá la posibilidad de que el Estado controle la producción de cocaína para acabar con el narcotráfico y llevar a cabo una política enfocada en la salud pública y no en la criminalidad. Una entrevista del podcast Mínima Dosis al promotor de esta medida: el senador colombiano Iván Marulanda.

“La inteligencia humana sirve para examinar los problemas desde la razón y saber si las cosas se están haciendo bien”, piensa el senador colombiano Iván Marulanda. “Y lo que nos dicen los más de 40 años de guerra contra las drogas es que esta es un fracaso”. 

Marulanda, con 74 años de edad, partido Alianza Verde, está liderando en Colombia el primer proyecto de ley en el mundo que propone que un Estado regule la producción y distribución de la cocaína. De la hoja de coca y de la cocaína, pero es esta última la que mayor controversia genera debido al imaginario que se ha creado en torno a esta sustancia desde que fue prohibida en el primer tratado internacional sobre el control de drogas en 1912 y, luego, en 1961, cuando fue incluida en la lista de sustancias fiscalizadas de la ONU.

A diferencia de lo que han planteado por décadas las campañas contra las drogas, mostrando a personas al borde de la locura o la muerte y vinculando a actos delictivos el consumo de sustancias como la marihuana, la cocaína, la heroína, entre otras, la propuesta de ley que se debatirá en Colombia se basa en una realidad muy distinta: 

• el 90% de los usuarios de drogas, incluida la cocaína, no generan ningún tipo de adicción dañina, según ha reconocido la misma Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
• los más afectados por las leyes prohibicionistas no son las grandes organizaciones criminales, sino los eslabones más débiles de la cadena de producción y distribución, como los campesinos cocaleros o las mujeres que son reclutadas para que trasladen bolsas de cocaína en, por ejemplo, sus estómagos. 
• los aproximadamente 1200 millones de dólares invertidos en Colombia cada año para combatir el narcotráfico no han impedido que la fabricación de cocaína alcance un máximo histórico en el 2017, convirtiendo al país en el productor del 70% de la cocaína mundial. 
• y que, entre 2005 y 2015, el estado colombiano gastó en su política de erradicación de hoja de coca lo que equivale al presupuesto del Ministerio de Agricultura de 55 años, sin lograr la erradicación, según los datos que Marulanda ha recogido de la misma presidencia de su país.

Colombia es solo un ejemplo de una realidad que se extiende por toda la región latinoamericana. Particularmente en países como Perú, donde la Empresa Nacional de la Coca, la única que puede comprar a agricultores empadronados y comercializar hoja de coca de manera legal, donde el mismo Estado calcula que solo llega a manejar el 17% del total de la producción real. Y Bolivia, donde es legal la producción de hasta 22 mil hectáreas de hojas de coca, pero la UNODC estima que entre el 28 y 42% se comercializa en mercados informales. 

Marulanda ha traducido a una propuesta legal y oficial una visión que durante décadas se ha discutido teóricamente: quitarle el monopolio de la coca y la cocaína a las organizaciones criminales para acabar con ella y que sea el Estado el que compre la materia prima y la destine a diversos fines científicos e industriales, así como a la producción controlada de cocaína de calidad para fines médicos y recreativos de las personas que deseen consumirla.

Si bien su aprobación será muy difícil, la discusión será trascendente porque permitirá que por primera vez se enfrenten en un parlamento los mitos y la evidencia sobre todo el ecosistema que existe en torno a la cocaína. Un pendiente de toda la región latinoamericana, donde solo Perú, Bolivia y Colombia, representan el 98% de la oferta mundial de hoja de coca.  

El podcast Mínima Dosis, dirigido por el periodista Oswaldo Beltrán y producido por Pedro Espinosa, conversó con el senador Iván Marulanda sobre cuáles son las implicancias políticas, sociales, económicas e incluso medioambientales de su propuesta. Soma presenta un extracto de esta entrevista, pero puedes escuchar este capítulo completo y otros sobre el mundo de las drogas aquí. 

Mínima Dosis: ¿Cómo es la producción de clorhidrato de cocaína para uso médico, para pacientes que necesitan programas de reducción de daños, o simplemente para gente que quiera consumirla? 

Marulanda: Fíjate, así se hizo la transición a la producción de alcoholes en Colombia. En el siglo XIX, el consumo de alcoholes era de chichas de muy mala calidad y llegó un gobierno y decidió reemplazar esas chichas antihigiénicas que se producían en todas partes por alcoholes elaborados y fabricados y suministrados por el Estado. Y se generó el monopolio del alcohol en Colombia, que duró hasta hace muy poco tiempo. Hoy son mercados abiertos a distintos tipos de licores, pero eso fue lo que rigió por más de 150 años. Son monopolios que se crean para la seguridad de la población y para el bienestar de la salud pública. En el caso de la cocaína, se le va a suministrar el clorhidrato de cocaína a todos los consumidores que existen en Colombia y que estén, en el marco de la ley y de la Constitución, habilitados para consumir por su propia libertad una dosis personal de cocaína. Eso, a sabiendas de que en un altísimo porcentaje -más del 90%- no le genera dependencia y ningún tipo de problemas de salud o psíquico. Hacen mucho más daño los aguardientes o los alcoholes en el cuerpo humano y en la psiquis humana que lo que pueda hacer una dosis personal de clorhidrato de cocaína. Pero esto se haría bajo un seguimiento médico, para atender a los que se estén haciendo daño, y a los otros se les haría un seguimiento para que no lleguen a ser consumidores problemáticos. 

«Sería una manera de que los países se vayan liberando del flagelo del narcotráfico que está en manos de criminales que no les importa quién consume ni qué calidad de producto entregan, sino solo de nuevos mercados a cualquier precio y a costa de sangre».

Mínima Dosis: ¿Por qué hay que regular la hoja de coca?

Marulanda: La guerra contra las drogas ha sido un fracaso porque nos ha costado muchas vidas, vidas de jóvenes, de líderes, de campesinos, de políticos, de magistrados, de jueces, de periodistas. Es una guerra que tiene destruido el tejido social, corrompida la política, corrompida la economía y que tiene tomados los territorios. El país entero está en manos de organizaciones criminales que el Estado no ha podido desterrar ni vencer. Además, es un fracaso porque ahí sigue estando la hoja de coca y la cocaína. Colombia exporta el 90% de la cocaína que se consume en el mundo y tenemos cerca de 190 mil hectáreas en hoja de coca. Por eso estamos proponiendo otro camino: que sea el Estado el que regule la producción y la comercialización de hoja de coca y la transformación de esta en productos alimenticios, productos de uso medicinal o de cocaína. De esa forma, los criminales se quedan sin materia prima y sin ingresos y es el Estado el que le compra a los campesinos la hoja de coca a precio de mercado. Les quitamos así también a los consumidores de cocaína, que si bien no son muchos (más o menos unos 260 mil en Colombia), hoy están en manos de narcotraficantes que son redes que tienen un rastro de sangre y que, además, les están entregando un producto degradado sin ningún control que llega a las escuelas y a los parques. Es decir: acabas con la guerra, acabas con los narcotraficantes y puedes implementar una política de salud pública, de derechos humanos y de disminución de riesgos y daños. Además, integrando a las familias campesinas al Estado.

Mínima Dosis: ¿Qué sentido puede tener un pequeño cultivador para vender la hoja de coca al gobierno, cuando el gobierno mismo lo ha criminalizado, fumigado y sobre todo abandonado? 

Marulanda: Dentro de este mercado garantizado por el Estado, a precios de mercado ¿qué necesidad van a tener de hacerse al margen de la ley para entregarle el producto a organizaciones criminales? Ellos van a estar tranquilos, en la medida en que establezcan esa relación normal, legal, con el Estado para producir su hoja de coca. Además, el Estado podrá invertir ahí porque hoy son considerados cultivos al margen de la ley. Van a entregarse a una civilización económica, social y a la vida y la institucionalidad del país, y eso tiene enormes ventajas para los campesinos que no han podido vivir en paz. Hay que entender que estos campesinos no producen hoja de coca por capricho. Es porque no tienen otra opción, porque están en los confines del país y allá no llega nadie a comprarles sus productos, salvo los narcotraficantes. Pues ahora va a llegar el Estado. Van a poder legalizar sus predios y vivir tranquilamente y no van a tener que seguir huyendo de selva en selva, destrozando los bosques. El 25% de la destrucción de bosques de Colombia es por los cultivos de hoja de coca, porque los campesinos tienen que estar desplazándose permanentemente huyendo de la policía, del ejército, de la justicia, y buscando áreas nuevas en la selva virgen donde no llegue la mano de la fuerza pública.

«En Colombia hay 43 mil personas presas por delitos vinculados al narcotráfico. Esas personas tienen abogados que viven de esta guerra y que se encargarán de impedir que saquen de su mercado a las personas que están siendo hoy perseguidas».

Mínima Dosis: ¿Los grupos armados no intentarán mejorar el precio e intimidar a los campesinos si esta medida se da?

Marulanda: Estamos hablando de un negocio que busca los equilibrios de precios. Colombia hoy está gastando 4 billones de pesos (mil millones de dólares) al año en destruir los cultivos de hoja de coca. Y si es con glifosato esto va a costar el doble. Comprar toda la hoja de coca que producen 200 mil familias campesinas cuesta 2.6 billones de pesos (670 millones de dólares). Si se deja de tirar la plata a la basura tratando de erradicar la hoja de coca que cada vez crece más, te queda sobrando 1.4 billones de pesos (360 millones de dólares) para competir en precios si es que se trata de eso. Los narcotraficantes van a tener que ir a buscar hoja de coca a otros países, porque aquí ya no la van a encontrar. Pero, fíjate, puede haber países que quieran implementar políticas de salud pública en las cuales el Estado les suministre a sus consumidores una cocaína de buena calidad y que le permita brindarles una atención y un seguimiento médico. Pero no lo pueden hacer porque no se consigue cocaína producida legalmente. Y un Estado no podría comprar cocaína al Cártel de Sinaloa, por ejemplo. Pero si es otro Estado el que le ofrece esa cocaína para implementar una política de salud pública de derechos humanos, de mitigación del daño, de disminución del riesgo, de respeto a los derechos humanos, va ha poder aprovisionarse de un producto legal, de primera calidad, certificado. Puede ser un mercado muy interesante en el futuro. Sería una manera de que los países se vayan liberando del flagelo del narcotráfico que está en manos de criminales que no les importa quién consume ni qué calidad de producto entregan, sino solo de nuevos mercados a cualquier precio y a costa de sangre.

Mínima Dosis: Además de los narcotraficantes, ¿a quien no le conviene esto? ¿qué otros intereses hay detrás que se opongan a la coca regulada?

Marulanda: Imagínate tú el negocio de los que venden estos pesticidas con los que se hacen las fumigaciones. Esas fumigaciones con glifosato valen 8.8 billones de pesos (2.2 millones de dólares) al año. Es un negocio gigantesco. Seguramente toda esa cadena productiva y comercializadora de glifosato va a envenenar el ambiente para que esto no se apruebe. ¿Quién más? Los abogados que viven de defender al narcotraficante. En Colombia, por ejemplo, hay 43 mil personas presas por delitos vinculados al narcotráfico. En los EE.UU. son centenares de miles. Esas personas tienen abogados y esos abogados viven de las leyes antidrogas y de la guerra contra las drogas. Esos abogados se encargan de hacer lobby en los congresos, sobre todo en el congreso de los EE.UU. para impedir que se produzcan legislaciones que regulen y que saquen de su mercado a las personas que están siendo hoy perseguidas. Otro ejemplo: en los EE.UU. las cárceles son de empresas privadas que le prestan un servicio al Estado como si fueran hoteles y le cobran al Estado por cada preso que tienen. Esos negocios se van a dañar porque son negocios que crecen con estas leyes prohibicionistas. Estamos hablando de empresarios que ganan billones de dólares. A todos los vendedores de armas se les va a vulnerar sus negocios tan lucrativos. Aquí hemos tenido también centenares de senadores, ministros, gobernadores, alcaldes con conexiones con organizaciones narcotraficantes y que van a recibir dinero para que se opongan a estas nuevas leyes. 

Mínima Dosis: Aquí el gran problema es que la narrativa de la guerra contra las drogas y la historia de los cultivadores nos la han contado desde afuera y poco sabemos cómo ocurren.

Marulanda: Eso es lo importante de estas conversaciones. Esto le está llegando a mucha población que le va a permitir tomar sus decisiones en adelante de manera informada y desde su propia libertad y desde su propia inteligencia y no como ahora que actuamos sin información, como unos robots, siguiendo lineamientos internacionales que no tienen nada que ver con nuestros intereses. 

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Oswaldo Beltrán es un periodista y comunicador social de Colombia. Ha escrito para medios como Vice, Revista Semana y El Espectador. Actualmente colabora en La Línea del Medio, donde dirige el podcast sobre drogas Mínima Dosis. Estudió en la Pontificia Universidad Javeriana, donde realizó su tesis de grado sobre marihuana medicinal.

Pedro Espinosa es documentalista, sonidista, editor y productor bogotano. En 2016 dirigió su primer largometraje documental llamado “Raizal: Taking Back Paradise” acerca del neocolonialismo colombiano en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Actualmente produce el podcast sobre drogas Mínima Dosis. Estudió Bellas Artes en The New York Film Academy, sede Los Ángeles.

Ilustración: la imagen de portada fue elaborada por Samuel Gutierrez, del estudio Familia Gutierrez Arte Gráfico del Perú, dedicado a la elaboración de prints, posters, camisetas, stickers y souvenirs sobre la cultura popular latinoamericana. Puedes seguir su trabajo en @gutierrez.nidea